El Tribunal Constitucional dirigido
por Iván Aróstica fue remecido por la
entrega de miles de firmas de emplazamiento al Tribunal; por la carta transversal
de senadores demandando al presidente Piñera intervenir en el mismo sentido, y por la movilización a Santiago de las organizaciones de derechos humanos de Ñuble,
sosteniendo un cartel frente a la sede del TC. Ellos acusan a la institución ubicada
en Huérfanos 1234, de amparar a violadores de derechos humanos. Explicó Rosario
Peña, presidenta de la Agrupación de Detenidos Desaparecidos de Chillán: “Las
firmas que entregamos hoy 14 de mayo las juntamos en sólo dos semanas, en el
Paseo Peatonal de Chillán. Los jóvenes eran los que más firmaban, ellos eran
los más benévolos. Esperamos que el tribunal constitucional se aboque ahora a
devolver las causas de ddhh a los tribunales de justicia.”
La presión está logrando resultados
concretos. Este martes 15 de mayo, a las
10 de la mañana, se verán en audiencia pública las primeras causas de
“inaplicabilidad constitucional” luego de largo tiempo de estar congeladas en
el TC, trabando así la investigación judicial contra responsables de crímenes
en esa región. Los primeros casos en tabla son por la desaparición en octubre de 1973 de Ricardo Troncoso, militante del MIR –que hasta el golpe trabajó como reportero
gráfico del diario Clarín- y de los
hermanos Tomás y Gustavo Domínguez Jara, dirigentes campesinos del asentamiento
Ranquil.
Vigencia
de la táctica dilatoria
Los dirigentes y miembros de organizaciones de DDHH de la Región de Ñuble,
estuvieron acompañados de la diputada por esa zona, Loreto Carvajal y el
abogado constitucionalista Fernando Atria, para
la entrega al presidente del
Tribunal Constitucional de 2337 firmas de ciudadanos y ciudadanas de Ñuble. También
estuvieron acompañados por los ex presos políticos del cuartel de Tejas Verdes.
Porque esta táctica dilatoria
continúa siendo utilizada por la defensa de los criminales. La abogada Patricia
Parra informó del ingreso de un nuevo recurso de inaplicabilidad, para detener el
juicio contra el general ® de carabineros Patricio Jeldres, procesado por el
secuestro y desaparición de un joven de apenas 16 años, Gabriel Cortez Luna, a quien el uniformado detuvo en el marco de
una disputa personal con el hermano del desaparecido, Parra y el abogado Patricio
Robles, del Programa de DDHH del Ministerio del Interior, calificaron como una verdadera “avalancha”
escalonada la presentación ante el TC de casos de inaplicabilidad entre julio
de 2017 y enero de 2018. En todos los casos es a nombre de afectados por
procesamientos, de manera que se ha dilatado indefinidamente el avance de las
causas y la dictación de fallos. Parra y Robles alegarán el martes 15 por las víctimas, en tanto que Maximiliano
Murat lo hará a nombre de los violadores de derechos humanos procesados en
estas causas.
Rol
del Tribunal Constitucional
La semana pasada Iván Aróstica
sostuvo ante miembros del Tribunal Constitucional alemán de visita en Chile,
que “el golpe de 1973 puso fin a
un quiebre institucional previo” afirmación que lo coloca del
lado de los impulsores del golpe militar y
fue rebatida por otros miembros de su entidad. Hilda Miranda, del
Comité Verdad y Justicia de Ñuble consideró inaceptables las expresiones de
Aróstica que contribuyen a validar el horror de 17 años de represión e infamia
y a mostrar al Tribunal Constitucional como una trinchera que asegura la
impunidad de los criminales.
La diputada Carvajal, consultada
respecto del rol del TC señaló que era muy negativo y que se había constituido
en otro poder del Estado, por lo que apeló a que su presidente atendiera el
sentido humanitario y jurídico de la petición de estas organizaciones de manera
que las causas regresen a manos del Ministro Aldana, de la Corte de Apelaciones
de Concepción. El senador Felipe Harboe, presidente de la cámara alta, que representa la región de Ñuble, comparte
plenamente esta petición. En entrevista a La Tercera, Harboe sostuvo que el
Tribunal Constitucional se está “autodestruyendo con sus decisiones” y que es
insólito que incluso esté interviniendo en temas de Derechos Humanos. Por su
parte Fernando Atria expresó en la manifestación callejera: “Se trata de una
lectura de sentido común y de humanidad que debe hacer el TC en las más de 40
causas que están paralizadas”, agregando que la actuación del tribunal presenta
problemas para la independencia judicial. Carmen Herz, la diputada presidenta
de la Comisión de Derechos Humanos que al igual que el diputado Tucapel
Jiménez, se excusó por no llegar a la
entrega de firmas y visibilizar su apoyo a estas demandas.
La dirigente Rosario Peña AFDD de
Chillán, Mercedes Sánchez, cónyuge de Ricardo Troncoso León, detenido
desaparecido, y Jorge Vera, del comité de ex presos políticos Verdad y Justicia
de Ñuble y los dirigentes presentes, consideran gravísimo que el TC haya
acogido la solicitud de suspensión de
procedimiento que afecta a 13 víctimas de su región y a muchas más en todo Chile.
Sostienen que esta maniobra vulnera derechos como “obtener justicia en un plazo razonable, el
derecho a la verdad antes aludido, consagrado en Tratados Internacionales sobre
Derechos Humanos suscritos y ratificados por Chile, así como disposiciones
internacionales válidas y obligatorias en nuestro ordenamiento jurídico
constitucional, en virtud de lo dispuesto en el artículo 5 inciso 2, de la
Constitución Política del Estado.”
A continuación el texto completo de
la declaración de las organizaciones de ddhh de la provincia de Ñuble.
Santiago,
14 de mayo de 2018
SEÑORES
EXCELENTISIMO PLENO TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL,
Las agrupaciones y familiares,
abajo firmantes, vienen por la presente en entregar formalmente nóminas que
consignan 2334 firmas de personas, hombres y mujeres, la mayor de ellas de la
región de Ñuble, por las cuales manifestamos, libre y espontáneamente, nuestra
rechazo a lo que está ocurriendo con las causas por violaciones a los derechos
humanos incoadas ante US. Excma., y la tardanza en la vista y resolución de
ellas, toda vez que constituye un grave atentado al derecho a la verdad que
asiste a los familiares de víctimas de las graves violaciones a los derechos
humanos ocurridas durante la dictadura cívico- militar que rigió nuestro país
entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990.
El hecho de que se encuentren
paralizadas por años y meses ante los tribunales de justicia de la República
los procesos penales en que se investiga el secuestro y/u homicidio calificado
de muchas víctimas, incluidas 12 de nuestra región tras acogerse la solicitud
de suspensión de procedimiento, sin que siquiera se pongan en tabla para las
alegaciones de fondo, resulta inaceptable, de suyo gravísimo, toda vez que con
su accionar el Tribunal Constitucional ha retardado la prosecución de
investigaciones cuyo curso lleva varias décadas, e influido decididamente en
las indagatorias tras la muerte de familiares de víctimas, muchos de ellos
testigos presenciales de los ilícitos investigados, de testigos de la reclusión
o muerte de las mismas, o el fallecimiento o demencia que termina afectando a
los propios victimarios contribuyendo a configurar la llamada “impunidad biológica”, vulnerándose con
ello el derecho al plazo razonable, el
derecho a la verdad antes aludido consagrados en Tratados Internacionales sobre
Derechos Humanos suscritos y ratificados por Chile, disposiciones
internacionales válidas y obligatorias en nuestro ordenamiento jurídico
constitucional, en virtud de lo dispuesto en el artículo 5 inciso 2 de la
Constitución Política del Estado.
Rechazamos, como ya hemos hecho público, que la justicia constitucional de
nuestro país sea usada por lo hechores de graves violaciones a los derechos
fundamentales como muralla que paralice el avance sustantivo de las
investigaciones ante los tribunales ordinarios, perpetuando la impunidad de que
han gozado por 44 años y exigimos, como ciudadanas y ciudadanos de esta patria,
se resuelva por este Tribunal Pleno poner el tabla con la mayor prontitud los,
a todas luces, infundados requerimientos que afectan la tramitación de las
causas criminales en que se indaga la desaparición y muerte de nuestros seres
queridos y compañeros.
ROSARIO PEÑA ESPINOZA. Presidenta
AFDD de Chillán.
TERESA RETAMAL SILVA. Secretaria
AFDD de Chillán
ANGÉLICA ROMERO LAGOS, Tesorera
AFDD de Chillán.
MERCEDES SÁNCHEZ ERRAZURIZ, cónyuge
de Ricardo Troncoso León, detenido desaparecido.
MARÍA ELIANA y FERNANDO ANGULO MATAMALA. Hermanos de Rolando
Angulo Matamala, ejecutado político.
HILDA MIRANDA ORELLANA. Miembro
Comité de ex presos políticos Verdad y Justicia de Chillán.
JORGE VERA GONZÁLEZ. Dirigente
Comité ex presos políticos Verdad y Justicia de Ñuble.
